El año 2012 marca un punto de inflexión, al menos discursivo, para la política de drogas en América Latina. Por primera vez, una gran mayoría de los jefes de Estado coincide en que es necesario “analizar los resultados de la política de drogas en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecerla y hacerla más efectiva”. En enero de 2012, estos solicitan a la Organización de Estados Americanos (OEA) llevar a cabo esta evaluación. Además, en noviembre del mismo año, tres países de la región –Colombia, México y Guatemala– solicitan a la Asamblea General de las Naciones Unidas que celebre una sesión especial de debates sobre política de drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) con el objetivo de “llevar a cabo una reflexión profunda que estudie todas las opciones disponibles, incluida la regulación y el mercado, a fin de establecer el nuevo paradigma que evitaría el acaparamiento de recursos por parte de organizaciones delictivas”. Esta propuesta es aceptada por todos los países de la ONU y la reunión finalmente se organiza en abril de 2016.